lunes, 24 de septiembre de 2007

CASOS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

CASOS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS.
Gracielita y su sala liliputiense
María Elena Valdés


En la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando las magistradas Gracielita y Esmeraldita hacen mayoría para decidir los casos de los asesinados y desaparecidos del régimen militar, en pleno siglo XXI, exhiben fallos basados en posiciones superadas, por atrasadas e inhumanas, restándole al magistrado Salas, Gulliver, salvar su voto.

Estudiamos juntas la carrera de abogadas mientras militábamos en grupos políticos estrictamente antimilitaristas, en pos de las clases más necesitadas del país. Admiraba profundamente su inteligencia y valentía, no pocas veces reprimida, y como oradora brillante y sustanciosa, su verbo rico y dialéctico.

Cuando asumí la dirección legal de la Oficina de Seguimiento de la Comisión de la Verdad, en agosto de 2002, luego de ésta presentar su Informe Final en abril de 2002, lo hice por profunda convicción, como la del resto de sus integrantes, comprendiendo el dolor de aquellas familias que rogaban conocer el destino final de sus seres queridos.

Dicha oficina debía ejecutar las recomendaciones del Informe, entre otras, finalizar las pruebas de ADN de familiares con restos óseos recuperados, logrando positivamente al menos cuatro, y por mi impulso y del director, presentar los casos ante los tribunales, interrumpidas todas por la falta de fondos y su consecuente cierre, pese a que el candidato a la presidencia por el PRD, en el debate público presidencial del 16 de marzo de 2004, había prometido (otra vez sin cumplir), dotarlos de recursos para concluir los temas pendientes, pues sobre los crímenes durante la dictadura expresaba Martín "…las violaciones a los derechos humanos tienen que ser llevados ante la justicia para que todos sepamos la verdad" (La Prensa 26/3/04, entrevista en el programa "Lo Mejor del Boxeo").

No fue fácil convencer acerca de la no prescripción de los casos de asesinato y desapariciones forzadas por abuso o terrorismo de Estado a funcionarios y colegas apoyados en análisis, tratados, precedentes y doctrinas modernas, y solicitamos oficialmente la apertura o reapertura en aquellos casos en que resultara pertinente. Luchamos, incluso, contra el sistema, concretamente, el Ministerio Público y su procurador, quienes negaban las investigaciones (salvo excepciones de fiscales y del Tribunal Superior de Chiriquí), y que nos llevaría a enfrentamientos públicos y legales, incluyendo allanamientos, indagatorias y hasta la posible detención de su director Alberto Almanza por supuestos delitos de peculado y estafa por los tal vez engaños cometidos por la dueña del célebre can ‘Eagle’, ridiculizado luego hasta la crueldad.

Y contra todas las expectativas logramos situar a Panamá junto a otros países víctimas de dictaduras y dictablandas militares en la vanguardia de los derechos humanos judiciales, gracias a la ponencia del magistrado César Pereira Burgos (q.e.p.d.) en el caso de José del Carmen Tuñón Betancourt, muerto en la cárcel modelo el 27 de julio de 1969, quien junto al magistrado Salas, en mayoría, firmaron la primera sentencia de no prescripción en los casos de violación de derechos humanos durante el régimen militar. Di mil gracias a Dios por ese fallo, dado el precedente que con el mismo se sellaba, pero mi sorpresa fue tal, al ver un salvamento de voto (en contra), de la magistrada Dixon. Tuve que sentarme, atónita. Ésta argumentaba, si mal no recuerdo, que dicho fallo era lacónico y que con el mismo debía hacerse más docencia. Estimé que este no era un argumento lo suficientemente consistente para aceptar o rechazar el principio de la no prescripción, pero por las dudas esperaría ansiosa el resto de sus pronunciamientos.

Me defraudé. En un lamentable retroceso, en casi todos los fallos, si no todos en que han sido ponentes de estos casos, las magistradas Troitiño y Dixon han ordenado sus archivos. Mientras estas magistradas continúen atendiendo los casos del Informe de la Comisión de la Verdad, nos seguirán enviando sin retorno, de un solo palmazo, a la época del oscurantismo jurídico. Pareciera que en la Sala Penal existieran dos tendencias, y dependiendo de a quiénes les toque esos casos, los tribunales tendrán que investigar unos o archivar otros, pues si depende del magistrado Salas, ordenará sus investigaciones, pero si les toca a las otras magistradas, tendrán que archivarlos. ¿Es esto serio?

Pienso que si los juicios por la desaparición y muerte del padre Gallegos o el espantoso crimen de Spadafora no se hubieran realizado a la carrera, en la década del 90 contra el reloj de la superada ecuación aritmética de la prescripción, hoy estos crímenes también se hubieran declarado prescritos. Pero el resto de los casos de mis compatriotas campesinos, estudiantes, hombres sencillos y de pueblo, la suerte fue otra.

Este país continuará dividido mientras con soberbia sigan afirmando que este gobierno no tiene que pedir perdón, o con infinita ignorancia científica afirmen con patética simplicidad que hay que pasar la página, como si esto fuera el remedio para una real y efectiva reconciliación nacional. Debe hacerse un esfuerzo por hacer justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos por abuso de poder, los acusados someterse a un juicio para ellos justo en democracia, con reglas de juego imparciales, independientemente de su resultado. Y el Estado (no el Gobierno, señor Amado, pues son dos conceptos y personas distintas), expresar un verdadero perdón al país y a las víctimas, para cerrar verdaderamente las heridas sociales y personales, como lo han hecho en el sur del continente.

La autora fue fiscal superior y directora legal de la Oficina de Seguimiento de la Comisión de la Verdad.