Harry Díaz obvia formular cargos y pide juicio oral contra Martinelli

Política

sábado 10 de octubre de 2015 - 12:00 a.m.

El magistrado Harry Díaz solicitó ayer al juez de garantías Jerónimo Mejía condenar al expresidente Ricardo Martinelli a 21 años de cárcel.

Ricardo Martinelli, en unas de sus últimas comparecencias públicas en Panamá, en septiembre de 2014. Archivo | La Estrella de Panamá
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Ricardo Martinelli, en unas de sus últimas comparecencias públicas en Panamá, en septiembre de 2014.
Desde el autoexilio y a pleno viernes, el expresidente Ricardo Martinelli recibió la noticia más agria de los últimos ocho meses: deberá volver al país para enfrentar una audiencia de imputación de cargos, la primera en su contra, por el plan de espionaje ilegal que se ejecutó durante su gobierno.
El magistrado fiscal de la causa, Harry Díaz, ha pedido al juez de garantías Jerónimo Mejía ponerle fecha al acto, en el que se acusará formalmente al exmandatario, quien esta semana intentaba resolver sus supuestos problemas migratorios en Miami, Estados Unidos.
Mejía —quien también funge como garante en el expediente contra Martinelli por presuntos sobrecostos en la compra de comida deshidratada— deberá tomar la decisión de llamar a un juicio oral o no la próxima semana, una vez regrese del exterior.
Sin embargo, sobre las 3:00 p.m de este viernes, la Corte Suprema de Justicia autorizó al fiscal Díaz a pedir a la Interpol la emisión de una alerta azul contra el otrora presidente, para obtener información sobre su paradero y se le informe sobre el proceso en su contra.
¿ES SUFICIENTE?
Además de la petición del fiscal, el magistrado Mejía encontrará una solicitud todavía más ambiciosa en su despacho: la defensa del catedrático Miguel Antonio Bernal y de la diputada opositora Zulay Rodríguez ha pedido que se emita directamente una orden de captura y conducción contra Martinelli, porque, a su juicio, ‘no ha dado muestras de su interés por regresar' al país.
La comparecencia de Martinelli es clave para el desarrollo de la audiencia. Si no lo hace, el proceso se detendrá.
El abogado Ángel Álvarez, defensor de Bernal y Rodríguez, ha sostenido que la Corte debió emitir una alerta roja para garantizar que Martinelli concurra al proceso.
También ha llamado la atención sobre la decisión del fiscal, al considerar que no era el tiempo para acusar, sino para pedir formulación de cargos. ‘La petición inadecuada podría frustrar la pretensión de justicia', advirtió.
LA BASE DE LA ACUSACIÓN
Sin embargo, el fiscal Díaz dice tener los elementos de convicción que prueban que el exmandatario estaba al tanto de los pinchazos telefónicos que ejecutaba el Consejo de Seguridad, operado por personal de su confianza.
A su juicio, la operación fue aprobada por Martinelli, para quien ha pedido 21 años de prisión, cuatro de ellos por supuestamente incurrir en el delito de inviolabilidad del secreto; otros catorce años, por la pérdida de los equipos de espionaje, cuya adquisición costó al Estado unos $20 millones; tres años más, por la individualización de la pena, tomando en cuenta la cantidad de denunciantes.
El fiscal sustenta su tesis en que por el Consejo de Seguridad pasaron dos directores de la Policía (Julio Moltó y Gustavo Pérez) y, en últimas instancias el consuegro de Martinelli, Alejandro Garuz, quienes irán a juicio en marzo entrante por este mismo caso.
Díaz, nombrado por el propio Martinelli en 2012, concluyó la etapa de investigación el jueves, tras tomar declaración al excandidato presidencial Juan Carlos Navarro, que pidió cárcel para el exgobernante.
Además de él, por la Corte desfilaron la excandidata presidencial Balbina Herrera, el exministro Demetrio Papadimitriu, el exdirigente perredista Mitchell Doens y el exabogado de Martinelli Rosendo Rivera.
El expediente contiene 70 declaraciones de políticos, abogados y periodistas, y 41 pruebas documentales.
Rivera, por ejemplo, reveló al magistrado Díaz que Martinelli tenía un plan para legalizar los pinchazos telefónicos, con la ayuda del hoy magistrado José Ayú Prado. Con ello, agregró, pretendía que se abrieran procesos judiciales contra sus opositores.
VERSIONES ENCONTRADAS
‘Que regrese, no le queda otro camino que enfrentar a la justicia', reclamó Balbina Herrera.
Para el exdirigente Mauro Zúñiga, uno de los denunciantes, si bien la decisión de Díaz le genera satisfacción, no deja de disipar sus ‘reservas de que este proceso alcance la justicia que estamos reclamando, dado el estrecho vínculo que une a Martinelli con la mayoría de los magistrados'.
Además de Díaz, los magistrados Oydén Ortega y Hernán de León adelantan expedientes contra el exmandatario, en base a otros once procesos, la mayoría de ellos por supuestos delitos contra la administración pública.
La defensa del expresidente se abstuvo ayer de hacer comentarios sobre el tema. Martinelli tampoco tuiteó durante el día, una vez trascendidas las medidas que se ejecutan en la Corte Suprema, en su contra.
Sin embargo, Luis Eduardo Camacho, su vocero, resuelve el tema con un razonamiento político: el magistrado Díaz busca apoyo del Ejecutivo para postularse como presidente de la Corte en 2016. Y Martinelli, insiste, es la carnada.
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SEPARACIÓN DE AYÚ PRADO DEL CASO FP
Sociedad civil aplaude decisión del Pleno de la Corte
Representantes de la sociedad civil vieron con buenos ojos la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de separar al magistrado presidente José Ayú Prado del caso Financial Pacific (FP).
Para Annette Planels, la acción de la Corte facilita otorgarle un voto de confianza ante los temas que demanda la ciudadanía y espera que esta apoye.
Roberto Troncoso, abogado y ex presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, vio como ‘muy atinada' la decisión del Pleno. ‘Un magistrado debe actuar en derecho y no bajo presión de lo que dicen las personas', dijo.
El abogado añadió que le da la impresión de que Ayú Prado dio señales de no ser competente en el caso de FP, porque en el Sistema Inquisitivo no existe un fiscal de garantías, y porque los hechos a investigar se dieron antes de que entrara en vigencia el Sistema Penal Acusatorio (SPA). Por eso sugirió la revisión del proceso.
Aunque no dijo si está a favor o en contra, José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, reconció que la presión de la opinión pública fue ‘fuerte' para que el Pleno alejara a Ayú Prado del caso. ‘El Inquisitivo da más oportunidades a la Corte para que actúe', siguió.
Álvarez coincide con Troncoso en que deben revisar qué tipo de proceso se utilizará en el caso FP, porque los hechos se dieron antes de implementara el SPA.
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EL PROCESO
El magistrado Harry Díaz investiga la participación de Martinelli en los pinchazos ilegales del Consejo de Seguridad
El proceso de investigación duró 56 días culminando cuatro días antes de que venciese el plazo establecido por el Código Procesal Penal para pedir la imputación de cargos
El expediente se basa en once denuncias presentadas por diputados, abogados, periodistas y dirigentes de la sociedad civil. Según el Ministerio Público, 150 personas fueron víctimas de las intervenciones telefónicas sin autorización.
Según el exdirigente Mauro Zúñiga, además de pinchar su teléfono, el gobierno de Martinelli perseguía a su familia.
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