Ir al contenido principal

Destacado

Magistrado: Martinelli utilizó información privilegiada

CASO FINANCIAL PACIFIC
La Corte Suprema de Justicia concluye que el expresidente compró y vendió acciones de Petaquilla usando información privilegiada.

Ricardo Martinelli (Izq.) nombró a Hernán De León como magistrado de la Corte en 2012. LA PRENSA/Archiv
Ricardo Martinelli (Izq.) nombró a Hernán De León como magistrado de la Corte en 2012. LA PRENSA/Archiv LA PRENSA/Archivo 

Valiéndose de su cargo como Presidente de la República, Ricardo Martinelli utilizó información privilegiada para comprar acciones de la minera Petaquilla a precios bajos y luego venderlas por el doble y triple del precio.
Así lo establece el fallo de la Corte Suprema de Justicia que admitió investigar a Martinelli por la supuesta comisión de delitos financieros, fechado el 23 de septiembre pasado, y que tuvo como ponente al magistrado Hernán De León, quien también actuará como fiscal a cargo de la investigación.
El fallo, al que este medio tuvo acceso, explica que a través de la cuenta “Ricardo Martinelli” que tenía en Financial Pacific, el exmandatario compró 225 mil acciones de Petaquilla a 22 centésimos cada una. La compra se hizo el 27 de octubre de 2009, antes de que cambiaran los directivos de Petaquilla y de que esta obtuviese del Ministerio de Comercio e Industrias el permiso para exportar oro, lo cual se concretó el 18 de noviembre de ese mismo año. “Esta información privilegiada la manejaba Ricardo Martinelli, toda vez que esto requería de su aprobación como Presidente de la República”, señala el fallo.
Luego de esto, las acciones subieron de precio. Martinelli las compró a $71 mil 126 con 32 centésimos y las vendió a $177 mil 76 con 10 centésimos. Una operación similar hizo desde las cuentas Distribuidora Comar y High Spirit.
LUCRO
El informe de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) permite deducir que las cuentas que el expresidente Ricardo Martinelli tenía en Financial Pacific (FP) fueron utilizadas en forma indebida para adquirir y vender acciones de la minera Petaquilla.
Esa es la conclusión a la que llegó el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el fallo que admitió una investigación a Martinelli por la supuesta comisión de delitos financieros en perjuicio de la SMV, fechado el 23 de septiembre pasado.
La SMV envió el 29 de junio pasado un informe administrativo a la CSJ, en el que pidió investigar presuntas irregularidades en la compraventa de acciones de Petaquilla, a través de cuatro cuentas de inversión de FP, en las que se vincula a Martinelli.
El fallo, con la ponencia del magistrado Hernán De León y al que tuvo acceso este diario, indica que hay evidencias de que el exmandatario ejecutó las acciones cuando fungía como Presidente de la República y en razón de su cargo usó información privilegiada en perjuicio de terceros, de la empresa minera y de la SMV.
Según el fallo, en la cuenta 100240 que estaba a su nombre en FP y que fue abierta en el año 2006, Martinelli compró 225 mil acciones de Petaquilla a $0.22 cada una. La compra fue hecha el 27 de octubre de 2009, antes de que Petaquilla hiciera dos comunicados públicos anunciando cambios en su gestión.
En el primer comunicado, de 6 de noviembre de ese año, Petaquilla anunció un cambio en los directivos de su empresa y nombró a Raúl Ferrer Arosemena, quien para la fecha era directivo de la Agencia Panamá Pacífico. “Existía una relación de confianza –entre Ferrer Arosemena y Martinelli– que lo ubicaba en una posición privilegiada respecto a las operaciones de Petaquilla”, indicó De León en el fallo.
Posteriormente, el 18 de noviembre de ese año, Petaquilla anunció que el Ministerio de Comercio e Industrias le otorgó permiso para exportar el oro que estaba produciendo en la mina Molejón, en Donoso, Colón. “Esta información privilegiada la manejaba Ricardo Martinelli, toda vez que esto requería de su aprobación como Presidente de la República”, precisa el fallo.
Luego del anuncio del permiso de exportación de oro por parte de Petaquilla, el precio de cada acción subió hasta $0.50.
“El resto de los inversionistas que compraron el mismo tipo de acciones en Petaquilla luego de estos comunicados, las adquieren en una posición de desventaja respecto a la cuenta del señor Martinelli Berrocal, puesto que la adquieren a un precio más alto”, resaltó el magistrado.
Agregó que “Martinelli obtiene una ganancia de $102 mil 976 con 8 centésimos, al adquirir 225 mil acciones en Petaquilla a un monto de $71 mil 126 con 32 centésimos, vendiendo en su totalidad las acciones a un monto de $177 mil 76 con 10 centésimos”.
El ejecutivo de la cuenta de Martinelli era Diego Arango Pezet, quien fue designado el 25 de junio de 2009 como cónsul de Panamá en Hamburgo, Alemania. En su reemplazo, Martinelli designó como encargado de su cuenta a West Valdés, dueño y socio de FP.
DISTRIBUIDORA COMAR
En cuanto a la cuenta de Distribuidora Comar, que tenía como firmante a Martinelli, el fallo indica que esta empresa también compró y vendió acciones de Petaquilla durante las mismas fechas en que la cuenta 100240 hizo lo propio.
Aunque no se establece la cantidad de acciones ni el precio a la que compró, en el fallo se advierte que Distribuidora Comar vendió todas sus acciones entre el 15 y el 28 de enero de 2010, a $0.78 cada una, teniendo una ganancia de $0.46 por acción.
Juan Luis Correa Esquivel, socio de Martinelli, es el presidente de Distribuidora Comar y además es primo hermano de Rodrigo Esquivel, quien ocupó la presidencia de la minera Petaquilla.
HIGH SPIRIT
Por su parte, la cuenta High Spirit fue abierta en marzo de 2010 y tenía como titular a Aaron Ronny Mizrachi, cuñado de Martinelli.
El fallo advierte que en la cuenta High Spirit “se realizaron depósitos de terceros de procedencia hasta ahora desconocida y otras transferencias que no son permitidas”. Además, el documento dice que “se ha establecido salidas de dinero a favor de terceros que no pertenecían a la cuenta de inversión ni eran titulares de esta”.
Justo cuando las cuentas a nombre de Ricardo Martinelli y Distribuidora Comar vendieron todas las acciones de Petaquilla, la cuenta High Spirit inició la compraventa de acciones desde el 26 de marzo de 2010.
El precio de la acción más bajo desde su primera compra fue de $0.34 y la venta máxima, de $1.12 por cada acción.
High Spirit compró acciones a Petaquilla por $984 mil 771 con 17 centésimos y posteriormente vendió por la suma de $1 millón 967 mil 320 con 2 centésimos.
“Se obtuvo una ganancia de $771 mil 148 con 26 centésimos, ya que los precios de las acciones de Petaquilla llegaron a subir a un 74% y 103%”, detalló De León.
Según el fallo, se determinó que luego de la última venta, el 14 de diciembre de 2010, High Spirit transfirió $2 millones a una cuenta en el Global Bank, cuyo titular es desconocido. Ese dinero incluía las ganancias de las ventas de acciones de Petaquilla y los depósitos de terceras personas.
El fallo no dice nada de la cuarta cuenta señalada por la SMV: Jal Offshore Ltd.
OPINIONES EN CONTRA
Junto con Hernán De León firmaron el fallo los magistrados Harry Díaz, Harley Mitchell, Abel Zamorano, Oydén Ortega y Nelly Cedeño. Luis Ramón Fábrega emitió un voto razonado y su colega Gabriel Fernández se abstuvo.
Fernández consideró que no se debía admitir la investigación, porque se trataba de un proceso administrativo enviado en compulsa de copias por la SMV y no era una causa penal iniciada por el Ministerio Público (MP).
Según Fernández, el Decreto Ley 1 de 1999, que rige la SMV, establece que cuando la entidad conozca de hechos que puedan constituir delito, debe enviarlos al MP.
Agregó que una vez el MP haga la investigación y determine la participación de Martinelli, le correspondería entonces enviar el caso a la CSJ, debido a que es la competente para investigar al expresidente en su condición actual de diputado del Parlamento Centroamericano.
Fábrega compartió el mismo criterio de su colega Fernández. “La compulsa de copias debió ser remitida al Ministerio Público, pues son estos los que comprobarán la existencia de un hecho punible y si existen elementos vinculantes contra un diputado, lo que daría lugar a remitir lo actuado al pleno de la Corte”, alegó.
Según Fábrega, el pleno de la CSJ debió analizar y definir el procedimiento para investigar a Martinelli, debido a que se hacen señalamientos de hechos ocurridos en el año 2009 cuando aún no estaba vigente el sistema penal acusatorio, que se empezó a aplicar el 2 de septiembre de 2011. 
“Este tema no ha sido analizado por el pleno, dejando abierta la posibilidad de futuras nulidades”, dijo.

El recorrido de un polémico expediente

Luego de que la Superintendencia del Mercado de Valores enviara el informe administrativo pidiendo la investigación, el 29 de junio pasado, el expediente fue asignado al magistrado Hernán De León el 1 de julio. Tras múltiples críticas de la sociedad civil por la demora en resolver el caso, De León puso a circular un proyecto de fallo para lectura de sus ocho colegas del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 7 de septiembre.
En ese proyecto de fallo, De León decidía no admitir y se inhibía de investigar al expresidente Ricardo Martinelli.
El magistrado argumentaba que la CSJ no era competente para investigar causas administrativas, sino procesos penales enviados por el Ministerio Público.
Ese proyecto de fallo fue discutido en sesión ordinaria del pleno de la CSJ el 9 de septiembre y por decisión mayoritaria de los magistrados se pidió a De León que cambiara el proyecto de fallo y admitiera la investigación a Martinelli.
El nuevo proyecto de fallo fue discutido y admitido el 23 de septiembre, en un pleno extraordinario. La resolución –cuyo contenido está en la nota principal– ordena suspender el proceso y pedir al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero a Martinelli. Además, se designó a De León como fiscal y al magistrado presidente de la CSJ, José Ayú Prado, como juez de garantías.
Luego de esto, gremios de abogados, dirigentes de la sociedad civil y exmagistrados de la CSJ pidieron a Ayú Prado que se declarase impedido, debido a sus vínculos con Financial Pacific (FP).
Lo anterior obedece a que Mayte Pellegrini, exempleada de FP acusada por la supuesta comisión de delitos financieros en otro proceso relacionado con la casa de valores, declaró que cuando Ayú Prado era procurador de la Nación, en 2012, redactó una declaración indagatoria en la que ella se retractó de acusaciones contra Martinelli por la cuenta High Spirit.
El 7 de octubre, Ayú Prado envió dos notas. En una que pidió al pleno discutir si Martinelli debe ser investigado por el sistema penal acusatorio o el sistema inquisitivo, y en la otra le sugirió debatir si él estaba impedido por haber emitido ese criterio. En esas misivas, Ayú Prado advirtió que no había causal de impedimento para ser juez de garantías, porque él no tiene relación con Martinelli ni con las tres cuentas investigadas.
Al día siguiente, el pleno declaró impedido a Ayú Prado por haber emitido un pronunciando en las dos notas y en su reemplazo designó a Luis Mario Carrasco como juez de garantías. Abel Zamorano emitió un voto explicativo (a favor), al considerar que el impedimento de Ayú Prado debió plantearse en aspectos de ética jurídica, imparcialidad y transparencia y no solo por las notas que buscaban justificar la decisión. Carrasco salvó su voto, opinó que no 
había fundamento legal para declarar impedido a Ayú Prado y dijo que resulta “preocupante” que se haya decidido el impedimento por las notas. La semana pasada se notificó a los abogados de Martinelli.

La investigación no será iniciada hasta que el Tribunal Electoral decida sobre la petición de levantar el fuero penal electoral al exgobernante.
Además de esta investigación, la CSJ ha admitido otros cinco procesos al exgobernante: por la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional [fiscal Oydén Ortega y juez de garantías Jerónimo Mejía]; los pinchazos [fiscal Harry Díaz y juez de garantías Jerónimo Mejía]; por otorgar 353 indultos [fiscal Abel Zamorano y juez de garantías José Ayú Prado]; por irregularidades en Cobranzas del Istmo [fiscal Abel Zamorano y juez de garantías Harry Díaz] y por la compra de granos a través del PAN [fiscal José Ayú Prado y juez de garantías Jerónimo Mejía]. Queda pendiente que la CSJ dicte los fallos que deciden la admisión de otras cinco denuncias y querellas.