Mejía paraliza proceso a Martinelli

ESCUCHAS TELEFÓNICAS
 El juez de garantías no  ha notificado a la defensa de la acusación del fiscal, por lo que el plazo para fijar la audiencia no ha empezado a correr.

El magistrado Jerónimo Mejía es el juez de garantías en el caso de los pinchazos.
El magistrado Jerónimo Mejía es el juez de garantías en el caso de los pinchazos. Archivo - 

Después de 19 días de haber recibido la acusación que hizo el magistrado fiscal Harry Díaz al expresidente Ricardo Martinelli en el caso de los pinchazos telefónicos, el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, no ha dado traslado del documento a la defensa del exgobernante, por lo que el caso está estancado.

Fuentes judiciales explicaron que para que empiece a correr el plazo para la audiencia establecido en el artículo 344 del Código Procesal Penal –no menor de 10 días ni mayor de 20–, el juez de garantías debe comunicar a la defensa del acusado.Averiguaciones realizadas ayer por este diario en la Corte Suprema de Justicia confirmaron que Mejía no había notificado a la defensa del exmandatario de la acusación que el magistrado Díaz le formuló el pasado 9 de octubre por la presunta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública (peculado).


“Es decir, mientras Mejía no comunique la acusación a la defensa de Martinelli el proceso está en punto muerto”, comentó la fuente.

La exmagistrada de la Corte Suprema Esmeralda Arosemena de Troitiño dijo que todo retraso en el sistema judicial lleva a la ciudadanía a pensar que las cosas no funcionan.

CUESTIONAN
La lentitud del magistrado Jerónimo Mejía, quien funge como juez de garantías en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos telefónicos, aumenta la “desconfianza” en el manejo de este expediente, advirtieron ayer sectores de la sociedad civil y expertos ligados al sistema judicial.

Hasta ayer, Mejía no había notificado a la defensa de Martinelli de la acusación que le formuló el pasado 9 de octubre el magistrado fiscal del caso, Harry Díaz, por la presunta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública.

El artículo 344 del Código Procesal Penal dice: “al surtir el traslado de las acusaciones a la defensa, el Juez de Garantías también señalará la fecha de la audiencia oral y pública, que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20 días para debatir y decidir las cuestiones planteadas en la acusación”.

Mejía no ha cumplido aún con la notificación, por lo que el plazo establecido en el referido artículo no ha empezado a correr, explicaron fuentes judiciales.

AUMENTA DESCONFIANZA
Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), opinó que la lentitud en este caso aumenta la desconfianza de la ciudadanía en la Corte Suprema de Justicia.

Recordó que en la última reunión que sostuvo Movin con los magistrados de la Corte fue planteada la preocupación sobre la celeridad en las investigaciones a los diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano.

“Nos parece que el magistrado Mejía debe ser consciente del grave momento que estamos viviendo”, dijo.

Mientras, la exmagistrada de la Corte Esmeralda Arosemena de Troitiño indicó que la justicia debe tener una respuesta pronta para que el sistema funcione y la ciudadanía lo perciba de esa manera.

Advirtió que cuando la justicia funciona lentamente se generan reacciones negativas en la sociedad.

En tanto, Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, señaló que el retraso en las etapas del proceso “no ayuda a librar a la Corte del cuestionamiento social”.

Destacó que el Órgano Judicial debe transmitir celeridad para evacuar todas las denuncias en contra del expresidente. “Esto se conoce como tutela judicial efectiva; es decir, que sea el procedimiento adecuado en los términos y momentos que disipen dudas del funcionamiento imparcial de la Corte”, precisó.

En tanto, la excandidata presidencial del PRD Balbina Herrera, quien es querellante en el caso y víctima de los pinchazos, advirtió que el proceso está en una etapa “muy delicada”, por lo que el juez de garantías debe decidir lo más pronto posible si acepta o niega la acusación del fiscal contra Martinelli.

Advirtió que, por un lado, la defensa de Martinelli interpone recursos dilatorios y, por el otro, el juez de garantías, que debe tomar una decisión, no lo hace y esto deja a las víctimas en una espera de todos los días.

Este diario llamó y envió mensajes a Mejía a su celular, pero no respondió.

OTROS RECURSOS
Como parte de este mismo proceso, el juez de garantías también tiene pendiente resolver un recurso de objeción que presentó la defensa de Martinelli y otra acción interpuesta por el abogado Ángel Álvarez, representante de varias víctimas de las escuchas, quien pidió al pleno de la Corte una audiencia para considerar que se ordene el arresto de Martinelli.

Sobre el pedido de Álvarez, fuentes judiciales explicaron que solo el Ministerio Público y el fiscal podrían ordenar el arresto, por lo que indicaron que este tipo de recursos lo que busca es provocar la nulidad del caso.

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