Por Olmedo Beluche
La conmemoración de la firma de los Tratados Torrijos-Carter
ha sido utilizada por los dirigentes del Partido Revolucionario Democrático
(PRD) para exaltar la figura de su fundador, Omar Torrijos, y resaltar el
supuesto “error” de los que, por razones patrióticas o antiimperialistas, no
apoyamos en ese momento el acuerdo. El momento obliga a la evaluación objetiva
de los hechos, donde la verdad histórica suele estar equidistante de cualquier
unilateralismo.
Las razones del Sí y las razones del No
Desde el momento en que se conoció el texto del tratado, y
durante los pocos días de debate democrático que se abrió, entre el 7 de
septiembre, fecha de la firma, y el 23 de octubre, fecha del plebiscito, quedó
en evidencia su carácter contradictorio. Sin duda alguna, el tratado contenía
grandes conquistas, pero también contenía importantes retrocesos que afectaban,
y siguen afectando, la soberanía.
Quienes se inclinaban por el voto Sí, reivindicaban el
desmantelamiento de la Zona del Canal, el comienzo de la reversión y una fecha
fija para la salida de Estados Unidos y sus bases militares, el 31 de diciembre
de 1999. Quienes se inclinaban por el voto No, señalaban la legalización de las
bases militares, el Pacto de Neutralidad que no era neutral y no tenía fecha de
finalización, así como ceder por 23 años la administración primaria del canal.
Por supuesto, también las subjetividades y convicciones
políticas influyeron en el debate. Las razones para votar “Sí” o para votar
“No” eran tan diversas como la sociedad panameña: desde los gringueros de
derecha, para quienes Panamá sólo podía existir como colonia; hasta los
oportunistas que aprobaban lo que dijeran los militares panameños sin importar
más razones.
En la izquierda también había sus extremos, desde los
pancistas que, desde 1972, recibían prebendas del régimen a cambio de apoyo
incondicional; hasta la izquierda independiente, separada de Torrijos por las
violaciones a los derechos humanos, los asesinados y desaparecidos de los años
anteriores.
Entre esos extremos estaba la mayoría de la ciudadanía,
motivada por verdaderos sentimientos antiimperialistas y patrióticos forjados
por generaciones que lucharon valientemente contra la Zona del Canal y su
status colonial. Aquí también la gente se dividió, la mayoría a favor del
tratado, la minoría en contra, evaluando “los pros y los contras” según fuera
su lectura del tratado.
El mérito es de los Mártires del 64
Algo que se suele pasar por alto es que las conquistas
contenidas en el tratado se deben primero que, y por encima de todo, a la lucha
generacional del pueblo panameño, pero especialmente a los Mártires del 9 de
Enero de 1964. Ellos fueron los que obligaron al imperialismo yanqui a sentarse
a negociar y a aceptar la derogación del oprobioso Tratado Hay-Bunau Varilla,
impuesto durante la invasión de noviembre de 1903 y la manipulada separación de
Colombia, para imponer una república intervenida y colonizada.
Algunos sectores del PRD, por evidentes motivos políticos,
manipulan los hechos para concentrar exclusivamente en su líder fundador, lo
positivo alcanzado en los Tratados de 1977, y suelen olvidarse de la Gesta
Heroica que fue el verdadero acontecimiento que cambió la historia. También es
cierto que entre la derecha y las élites oligárquicas panameñas se pretenden menospreciar
la figura histórica del general Torrijos.
Parafraseando a los religiosos, en este caso, “la gloria
sea”, en primer lugar, a los Mártires del 64. En ese marco, hay que reconocer
objetivamente los méritos a Omar Torrijos y su equipo negociador, a quienes
tocó la responsabilidad de firmar lo bueno y lo malo del tratado. Al menos
Torrijos fue sincero y reconoció al momento de firmarlo que el Tratado nos
mantiene (hasta hoy) “bajo el paraguas del Pentágono”.
Lo positivo y lo negativo del Tratado de 1977
En el libro Diez años de luchas políticas y sociales en
Panamá (1980-1990), hemos evaluado el contenido del Tratado de la siguiente
manera:
“La conclusión rápida de los tratados en 1977 fue forzada
por varias circunstancias coincidentes: en el plano nacional, la crisis
económica interna de Panamá, y el comienzo del desgaste del apoyo popular al
régimen militar panameño. En el plano exterior, se destaca la instauración de
un nuevo gobierno demócrata en Estados Unidos, más abierto a la posibilidad de
modernizar sus relaciones con Panamá, debido a la crisis política de Watergate
y a la reciente victoria de Vietnam (1975), después de más de 10 años de
intervención militar yanqui.
El Tratado Torrijos Carter tuvo un carácter contradictorio,
puesto que a la vez que Panamá obtuvo importantes conquistas, sobre todo en
materia jurisdiccional, tuvo que ceder en aspectos relativos a la defensa y
neutralidad del canal.
Entre las conquistas del tratado podemos señalar: el fin de
la perpetuidad con la firma de un acuerdo con fecha fija de terminación;
eliminación de la situación colonial de la Zona del Canal, con el retorno a la
jurisdicción panameña de ese territorio; entrega a Panamá de los puertos
(Balboa y Cristóbal) adyacentes al Canal; participación creciente de Panamá en
la administración del canal y aumento de los beneficios directos (10 millones
de dólares anuales fijos y otros 10 millones en caso de haber superávit).
En cambio, el gobierno panameño tuvo que conceder que la
responsabilidad primaria del manejo, mantenimiento, protección y defensa del
canal era de los Estados Unidos, mediante una agencia de dicho gobierno, la
Comisión del Canal, y bajo leyes norteamericanas (Ley 96-70), lo cual de hecho
coarta la jurisdicción y la soberanía.
En materia de defensa, el tratado legalizó la presencia de
las bases militares norteamericanas, que antes estaban de hecho y no de
derecho, bajo la excusa de proteger el canal. Y en cuanto al Pacto de
Neutralidad, el Senado norteamericano consignó una cláusula que permite la intervención
militar norteamericana en Panamá, en cualquier momento después del año 2,000 (o
sea, a perpetuidad) si a juicio de Washington estuviera en peligro el libre
tránsito por el canal.
Como se puede apreciar, los ingresos económicos que Panamá
obtuvo del tratado no fueron lo suficientemente significativos como para
revertir la crisis económica, la cual a partir de comienzos de los años ochenta
se volvió a profundizar.
El tratado tuvo, además, otra consecuencia muy importante
para el país, como lo fue el acuerdo para la democratización de las
instituciones políticas que el gobierno de James Carter impuso al General Omar
Torrijos como condición para aprobar el tratado. Retomaremos este aspecto más
adelante, baste mencionar por el momento que la firma del Tratado Torrijos
Carter significa el fin del período de confrontación relativa, entre el régimen
bonapartista de Torrijos y Estados Unidos, respecto al canal, y el comienzo de
la implementación de una estrategia política para Panamá ejecutada de común
acuerdo entre ambos.
Es el fin del bonapartismo “sui generis” apoyado en las
masas y confrontado con el imperialismo, para dar paso, nuevamente, a un
régimen bonapartista que gobierna confrontando a las masas y en acuerdo con el
imperialismo”.
La invasión y el uso “menos colectivo posible” del Canal
Pero “la vuelta a los cuarteles”, proclamada por Torrijos,
fue solo aparente, porque los coroneles siguieron manejando los hilos de la
política nacional y el Cuartel Central siguió siendo la sede del poder real.
Durante la siguiente década los militares impusieron un criterio militarista
del uso de las instalaciones que iban revirtiendo. Cada cuartel yanqui era
sustituido con uno panameño.
Muerto Torrijos, el gran proyecto del general Noriega era
que la Guardia Nacional panameña se convirtiera en un ejército profesional,
denominado Fuerzas de Defensa, para suplantar al ejército norteamericano en el
canal. En ello fue apoyado financieramente por Estados Unidos. Así se ejecutó,
hasta que la crisis por las medidas neoliberales del gobierno fraudulento de
Barletta, 1984-85, puso en jaque este proyecto.
Salvo la bandera en la cima del cerro Ancón, de gran valor
simbólico, no hubo ningún criterio para dar a las áreas revertidas el “mayor
uso colectivo posible”, como había prometido Omar Torrijos durante el debate
del plebiscito. Todo el enfoque fue militarista.
Tampoco se utilizaron los millones adicionales del canal
para tratar de revertir la brecha social entre ricos y pobres que se ensanchó
abrumadoramente entre 1980 y 1990. Cuando más, algunas viviendas fueron
repartidas con criterios políticos y amicales.
Cuando la crisis escaló en 1988, gracias a las sanciones
norteamericanas, un sector destacado de la burguesía organizó un proyecto
alternativo a los militares fundando no sólo la Cruzada Civilista, sino que los
hermanos Lewis Galindo crearon el llamado grupo Modelo, que incidió no solo en
el apoyo a la invasión de 1989, sino en la configuración de un proyecto de uso
del canal al servicio de la burguesía y no de los militares.
De manera que, sobre la pila de muertos de la invasión del
20 de Diciembre de 1989, Estados Unidos impuso a Panamá no sólo el modelo
político de estado oligárquico corrupto con careta “democrática” que tenemos,
sino que apadrinó la imposición de un modelo de apropiación de las áreas
revertidas y manejo del canal conveniente a la burguesía y tutelado por ellos.
El conjunto de los partidos políticos burgueses, incluyendo
al PRD, desarrollaron el enfoque empresarial de la Ley de Uso de Suelos para
las áreas revertidas, por la cual se las ha ido vendiendo, no siempre al mejor
postor. Lo que no se vende, se ha dejado deteriorar, antes que traspasarlo a
organizaciones cívicas y sociales. La idea es, no perder el valor comercial
artificialmente definido.
Así también los Acuerdos de Coronado sentaron las bases para
la redacción del título constitucional sobre la administración del canal, que
convierte a la Junta Directiva de la ACP, y al cargo de Administrador, en un
club exclusivo para la élite empresarial panameña, como si de una nueva “zonita
sin gringos” se tratara. De manera que, el resto del país no puede opinar,
menos influir, sobre las decisiones que ahí se toman, como se evidenció recientemente
con el presupuesto. A lo cual se agrega una Junta Asesora compuesta por las
transnacionales del comercio marítimo, cuya opinión cuenta más que la de los
gremios panameños.
Hagamos memoria, ese título constitucional, que permite una
Junta Directiva sin representación de la clase trabajadora, los gremios
profesionales y las organizaciones sociales, fue aprobado por dos Asambleas de
manera unánime, bajo los gobiernos de Guillermo Endara (Panameñista) y Ernesto
Pérez Balladares (PRD).
Bajo la administración de Pérez Balladares (1994-1999)
también se diseñó un plan para tratar de incumplir con el retiro de todas bases
militares norteamericanas, permitiendo que la base aérea de Howard se
disfrazara con la “guerra contra las drogas”, bajo la máscara de un Centro
Multilateral Antidrogas (CMA), proponiendo que se quedara más allá del año
2000.
Pero la movilización popular y el descontento producido por
sus privatizaciones y medidas neoliberales (abaratamiento del despido de
trabajadores y desprotección a productores agrícolas bajando los aranceles),
llevó al fracaso de este plan antinacional del primer gobierno del PRD en la
postinvasión.
El Pacto de Neutralidad y los acuerdos de seguridad
Fracasado el CMA, y con la reversión total el 31 de
Diciembre de 1999, el gobierno norteamericano y sus lacayos empresariales y
políticos en Panamá, dieron paso a continuar el control militar del territorio
nacional, no con las llamativas y repudiadas bases militares, sino con diversos
acuerdos de seguridad, ninguno de los cuales ha pasado por la Asamblea Nacional
ni el debate público.
Tan temprano como 1999-2000, el gobierno de Mireya Moscoso
firmó el acuerdo Salas – Becker, por el cual se cede la soberanía para que
Estados Unidos custodie o “vigile” el espacio aéreo y el mar territorial de
Panamá, con el cuento de la “guerra contra las drogas”. De modo que lo
“conquistado” en materia de soberanía en el Tratado de 1977 ha quedado en papel
mojado.
Miles de habitantes de las regiones limítrofes con Colombia
dan testimonio de la presencia de soldados norteamericanos en la región.
También se sabe que la administración del Canal de Panamá ha firmado acuerdos
de seguridad con agencias norteamericanas, pero su contenido se desconoce.
El gobierno del PRD del hijo del general Torrijos, Martín
Torrijos (2004-2009), no sólo no anuló estos acuerdos de seguridad que
menoscaban la soberanía panameña, sino que nos siguió manteniendo “bajo el
paraguas del Pentágono” participando del llamado Plan Mérida de seguridad para
toda la región centroamericana diseñado por los norteamericanos.
Durante el gobierno del segundo Torrijos también se impuso
en un referéndum, cuestionable por la alta abstención, el criterio de destinar
miles de millones para la ampliación del canal y un tercer juego de esclusas
que no eran urgentes, pero que desviará miles de millones de dólares de sus
ingresos a favor de bancos y empresas constructoras, y no al pago de la “deuda
social” que exigíamos los sectores populares nucleados en el Frente por el NO
de 2007.
Nuevamente tuvimos razón. El Grupo Unidos por el Canal, que
ganó la licitación de la ampliación y tercer juego de esclusas, no solo cometió
la deshonestidad de estar compuesto por una empresa de la familia del
administrador del canal (CUSA), Alemán Zubieta, sino que ahora ha demandado
sobreprecios que triplican el valor originalmente presupuestado.
El gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) profundizó la
intromisión militar yanqui con un acuerdo para la construcción de 12 bases
aeronavales que podrían contar con “asesores” norteamericanos, cuya cuantía y
tipo es imposible calibrara dada la ubicación remota de estas bases militares.
El gobierno de J. C. Varela (2014-2019) ha mantenido todas
estas vejaciones a la soberanía nacional y las ha profundizado convirtiéndonos
en títeres de la política exterior de Washington, al sumarnos a la Coalición
Internacional contra ISIS y a las presiones contra el gobierno legítimo de
Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por encima de todos estos acuerdos flota la sombra del
nefasto Pacto de Neutralidad que, en realidad, no nos hace neutrales, sino que
nos alía con el Pentágono como dijo Torrijos. El cual constituye una amenaza
permanente de intervención militar cuando, a juicio unilateral de Estados
Unidos, el “libre tránsito” por el canal se encuentre en peligro.
El Pacto de Neutralidad, con toda su letra intervencionista,
que no se limita a la Enmienda De Concini, es como el Tratado Hay-Bunau
Varilla, un tratado sin fecha de término y, por lo tanto, violatorio del derecho
internacional. Ese Pacto de Neutralidad fue una de las principales razones por
las que muchos sectores antiimperialistas y patrióticos votamos que NO en el plebiscito
de 1977.
Si, pasados 40 años, nos pidieran ratificar el Pacto de Neutralidad con un nuevo plebiscito, los antiimperialistas y patriotas consecuentes, volveríamos a VOTAR NO. Por eso, seguimos luchando por su derogación total.
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